El caso del fentanilo contaminado, que mató a noventa y seis personas, cifra que podría aumentar con el paso de las horas, puede transformarse en un expediente más complejo todavía. Podría derivar en nuevas investigaciones judiciales para determinar una hipótesis sostenida con elementos probatorios oficiales, acumulados en la pesquisa del cuestionado juez que analiza esta trama, el ex funcionario de Justicia en la era K, ex militante en jefe de La Cámpora, Ernesto Kreplak.
La producción del fentanilo envenenado en los laboratorios de Ariel Fernando García Furfaro (o Ariel Fernando García, usa esos dos nombres de forma aleatoria), ¿es parte de una trama de negocios del narcotráfico manejado por el crimen organizado que se mueve, o movió, con protección política? Así lo indican diferentes indicios detectados dentro y fuera de las empresas químicas del principal acusado en esta historia, el verborrágico Furfaro, quien desde años acrecentó una fortuna incalculable en el mercado farmacéutico, siempre gracias a sus vínculos con la familia Kirchner.
Clarín accedió a varios documentos oficiales que constan en la Justicia y alimentan las sospechas en ese intrigante sentido. Es el mismo enigma, y no tanto, del que hablan especialistas en la materia, tanto del país como del exterior.
El chequeo de la información coincide: alrededor de una decena autoridades nacionales, extranjeras, y especialistas judiciales afirmaron en off the record que se detectaron pistas ineludibles en ese sentido.
La causa “Furfaro” crece con otro énfasis y un espesor de posibles consecuencias policiales aunque, obvio, sanitarias.
Este diario tuvo acceso a pericias que realizaron en diferentes fechas en los laboratorios de la polémica tanto la Administración Nacional de Medicina y Alimentos (ANMAT); igual que las revisiones con alarmas que llevó adelante en esos sitios el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME); y a denuncias y allanamientos que impulsó el Ministerio de Seguridad en compañías manejadas por Furfaro. Otros papeles entregados por representantes de HLB Pharma en el expediente del fentanilo contaminado indicarían que ese holding, de crecimiento súbito en el mercado y siempre bajo protección política de los K, desvío de modo indubitable parte de su producción de medicinas sensibles por fuera de los circuitos legales. Y que incluso se utilizaron diferentes droguerías, propiedad de Furfaro, para distribuir el fentanilo legal que llegó al sistema de salud estatal y privado, y lo que hizo respecto al cumplimiento complejo de seguir la trazabilidad de ese analgésico que, en varias potencias del mundo, se transformó en la droga “recreativa” de moda.
En los Estados Unidos su uso en las calles provoca decenas de miles de muertes al año, por lo que se declaró la Emergencia en Salud Pública.
El caso “Furfaro” demuestra que en nuestro país la circulación de ese estupefaciente, utilizado de modo legal en el sistema sanitario, se descontroló por deficiencias o negligencias estatales y desmanejos privados.
Las autoridades detectaron, antes del estrépito que causó las muertes de casi cien personas que recibieron dosis del fentanilo de HLB Pharma en sanatorios y hospitales, que en oficinas de esas empresas, y de droguerías del mismo holding, se encontraban once kilos de fentanilo en polvo.
Con un solo kilo de esa sustancia, en el mercado ilegal se producen un millón de dosis que podrían llevarse la vida por sobredosis de 500 mil personas. La cifra es monumental.
De acuerdo a documentación interna y luego oficial de organismos estatales, HLB Pharma declaró que tras utilizar parte de su compra de fentanilo para uso medicinal “correcto”, existió un sobrante de cinco kilos de fentanilo en polvo.
De nuevo: utilizado para fines criminales, es una cantidad infernal y con márgenes de ganancias multimillonarias en dólares.
La falta de transparencia de las empresas de Furfaro generaron suspicacias, que se transformaron en denuncias y en pistas firmes sobre el verdadero uso que podría tener el opiáceo para esas compañías.
Está probado, de acuerdo a documentos avalados por el Ministerio de Seguridad, que las empresas de García Furfaro manipularon de modo irregular el fentanilo y otros medicamentos que adquirieron para su fábrica con fachada de producción de remedios formal.
Siempre de acuerdo al Ministerio de Seguridad, el laboratorio HLB Pharma falsificó el año pasado una habilitación municipal que entregó al Registro Nacional de Precursores Químicos (RENEPRE), esencial para poder operar con sustancias peligrosas y necesarias su consumo no hospitalario. Ocurre que ese papel estaba falsificado, tal cual lo confirmó quien habría emitido ese documento, la municipalidad de San Isidro.
¿Por qué entonces HLB Pharma pudo adquirir, controlar, guardar en depósito, o manipular la matería prima con la que fabricó el fentanilo, para colmo, envenenado?
Fallas en los controles
Las fallas en los controles del ANMAT podrían tener consecuencias y responsables por su falta profesionalismo y apego a las normas, admiten fuentes oficiales de la Casa Rosada. Aunque es tarde para los familiares de las víctimas del fentanilo contaminado, el Gobierno admitiría que un sector de los organismos de control, del ANMAT, y del INAME, fueron demasiado permisivos o no generaron los alertas correspondientes para evitar una catástrofe sanitaria.
El caso escaló a un nivel de severidad institucional cuando esta semana el propio presidente Javier Milei dijo en un discurso en un acto política que García Furfaro debía ir preso, que tenía sobreprotección de los Kirchner, y después un comunicado emitido por la cuenta de X de la vocería de la Presidencia presionó para que el juez del caso, Kreplak, sea recusado si no detiene cuanto antes a Furfaro.
EL caso, como se dijo, podría abrir las puertas hacia otra causa más compleja: la fabricación del anestésico en la Argentina, realizada en empresas con fachadas legales, para luego comercializarlo en el mercado negro de las drogas que generan ganancias multimillonarias al narcotráfico.
Ocurre que sin certificado de habilitación para adquirir precursores químicos, el resto de la producción, aunque supuestamente destinado al mercado de la salud, quedó totalmente sospechado.
Una maniobra sospechosa
En un movimiento acelerado, y con papeles incluso firmados por una escribana, HLB Pharma le aseguró a la Justicia que los cinco kilos del fentanilo que nunca más encontraron ni la Justicia ni las fuerzas de seguridad habían sido incinerados debido a que estaban vencidos.
La empresa presentó supuestas pruebas de ese procedimiento, que fue realizado por empresas del rubro, una acción avalada por una escribana que dio fe de la destrucción de un tonel rotulado como si contuviera el fentanilo vencido. Pero en esa acción no participó ninguna autoridad de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, ni del ANMAT ni del INAME. Es decir, fue una quema de una supuesta sustancia que no se efectuó como dictan las normas.
Para colmo, la presentación de esos papeles se efectuó en la Justicia a pocas horas de iniciada la causa. Una rapidez efectiva para un laboratorio que no se caracteriza por su apego a las leyes y a la transparencia.
Clarín detectó en uno de los informes preliminares sobre cómo se produjo el fentanilo finalmente contaminado, un párrafo que despierta más dudas sobre el verdadero origen de los kilos de esta droga que nadie pudo determinar donde se encuentra, o ni siquiera que se haya quemado tal cual quiere instalar HLB Pharma.
En un documento interno que el INAME realizó en las instalaciones de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo una vez producida la tragedia sanitaria de los muertos por el fentanilo, los especialistas detectaron que no coincidía la fecha de entrega que especificó la fábrica de esa sustancia que le vendió a las compañías de Furfaro con lo que esas firmas dejaron asentado en sus documentos internos.
El escrito describe que para HLB Pharma la empresa extranjera Fine Chemical le entregó el opiáceo el 31 de agosto del 2021, que tuvo fecha de análisis el 4 de enero del 2023, pero al mismo tiempo las autoridades destacaron que los papeles internos de las firmas de Furfaro aseguraban que los “reanálisis” del analgésico, para rechequear su efectividad, se produjeron en diciembre del 2024. Y se agrega: que esa fecha “difiere” con la del proveedor”. ¿Y entonces?
Tanto el INAME como el ANMAT, ya conocidos las muertes por el fentanilo en los hospitales y clínicas argentinos, evaluaron cómo se realizó su producción en HLB Pharma y Ramallo y las conclusiones son rotundas: todo se hizo mal, sin limpieza de máquinas, sin el aval de la firma del Director Técnico del lugar sobre la calidad de los lotes que luego salieron a las calles, y que ni siquiera las instalaciones contaban con los mínimos requerimientos de asepsia necesarios para manipular un medicamento de esa sensibilidad. Es un resumen de que quedó escrito y firmado por los funcionarios tanto de ANMAT como del INAME.
Hay más pruebas que indican que desde HLB Pharma, Ramallo y una de las droguerías de Furfaro, llamada Alfarma, se detectaron indicios de posibles desvíos de la producción de medicamentos que esas mismas firmas debieron hacer llegar a sus compradores, entes estatales y privados.
El 20 de mayo las fuerzas policiales federales detectaron en allanamientos 23 botellas de fentanilo de 500 mililitros originarias de lotes distintos, y 2400 ampollas de la misma droga, además de bidones que pesaban 4,8 kilos rotulados como si contuvieran el analgésico, sumadas a 17 cajas de 3 mil unidades de la misma droga, con documentación sobre esos hallazgos.
En otro allanamiento a la droguería Alfarma, que distribuyó el fentanilo contaminado, los documentos del reparto de miles y miles de dosis a diversas provincias no coincidían con lo informado por HLB Pharma. La trazabilidad de esa sustancia, de acuerdo a la Ley, debe quedar registrada de modo impecable. Sucedió todo al revés.
La semana que pasó, además de que el propio Furfaro hizo descargos sobre su posible responsabilidad en esta trama, con argumentos contradictorios y sin pruebas, también habló el ministro de Salud, Mario Lugones. En declaraciones a TN, definió el caso como un “atentado a la salud”,y dejó entrever que podría haber responsables internos de organismos de control, como el INAME, que tras evaluar lo que ocurría las empresas de Furfaro no habrían actuado con celeridad, por decirlo de modo diplomático. Fuentes oficiales afirmaron a Clarín que el ministro considera que la titular del INAME, Gabriela Mantecón Fumado, quien fue designada por la ex ministra de Salud K, Carla Vizzotti, es responsable de que no se haya alertado más rápidamente al ANMAT sobre el caso.
Lugones protegió en sus declaraciones a la actual titular del ANMAT, Agustina Bisio, quien declaró en la causa de Kreplak y dio a entender que podría haber desvío de fentanilo y otras sustancias al mercado ilegal. Bisio ocupa cargos en ANMAT hace muchos años.
Con todo, Furfaro confirmó en los medios, a su modo, que conoce a Cristina Kirchner, que su ex apoderado de los laboratorios es un ex legislador del PJ, y que viajó a Rusia junto a la delegación argentina cuando por impulso del Gobierno K intentó ser el vendedor de la vacuna Sputnik contra el Covid.
El Presidente denunció que sus empresas no eran inspeccionadas por ANMAT ni el el INAME desde el 2020.
Furfaro vendió, ya desatado el escándalo, sus dos laboratorios más importantes a un dirigente llamado Sebastián Nannini. ¿Quién es ése osado aventurero financiero? Uno de los hombres de mayor confianza del intendente de José C. Paz, Mario Ishii. Nannini explicó después que debió volver a vender a Furfaro sus acciones en la empresa.
El escándalo Fentanilo recién comienza aunque haya casi cien víctimas fatales.
Los desmanejos privados y públicos de una sustancia que alerta al mundo destaparon un laberinto de complicidades y garantías de negocios multimillonarios para un protegido del poder K que ahora se abre a nuevos caminos sospechosos.
La Argentina es hoy el único país del mundo que es noticia internacional por la gran cantidad de muertos que produjo el fentanilo. Pero es un caso único. Esos fallecimientos se dieron en hospitales y clínicas, mientras que el resto de los países la noticia es siempre que los muertos por esa droga son quienes la consumen por fuera del circuito de la salud, y mueren entonces por sobredosis súbitas.