Sólo han pasado tres semanas desde la última sesión que realizó el Senado. El 10 de julio, antes del receso invernal, la Cámara Alta cerró el primer semestre del año con siete derrotas para el oficialismo en una sesión ordinaria que empeoró la relación de Victoria Villarruel con la Casa Rosada. El recinto se activó por la decisión opositora de marcarle la agenda al oficialismo con un mecanismo que estaba previsto desde principios de año, aprobado por todo el cuerpo, y que sólo requiere del quórum para comenzar. Es lo que hizo el interbloque de Unión por la Patria hace menos de un mes con el respaldo de bloques opositores que plasmaron la decisión de los 24 gobernadores. Entre aquel momento y el fin de las vacaciones de invierno surgió un dato que, dentro del Senado, no dejarán pasar: a pesar de las amenazas de impugnaciòn y de los insultos que lanzó el Presidente contra el recinto y la vice, el Gobierno no pudo invalidar la sesión ordinaria que había amenazado con judicializar.
Tal como anticipó PERFIL, se cayó la aventura que había vaticinado el Presidente para llevar a la Justicia las decisiones de la última sesión. No tiene argumentos ni chances de conseguir que el Gobierno revierta en Tribunales las decisiones que adoptó el Congreso. El dato revela que el Ejecutivo transitará los próximos meses en la intemperie de las minorías que le responden en las dos Cámaras legislativas.
Con ese antecedente, la Cámara Alta retomará la actividad a partir de este martes con un nuevo plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales para continuar con un debate que el Gobierno no quiere retomar: la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de cinco a siete, nueve y quince miembros. Las variaciones reflejan las propuestas de los distintos proyectos que serán debatidos. Por ahora no llegará ese momento, sino una nueva etapa de exposiciones de especialistas. No es un debate más. Comenzó en mayo, después del rechazo de las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para ocupar las vacantes de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Entre la tensión del año pasado y la sesión de mayo, el Presidente decidió designar por decreto y en comisión a García-Mansilla. Duró hasta que su pliego fue rechazado en una señal de repudio al nombramiento por decreto. Después de ese revés, el senador Juan Carlos Romero presentó un proyecto para ampliar el máximo tribunal de cinco a siete miembros y reactivó el debate. Hay nueve proyectos en danza, entre ellos uno impulsado por la cordobesista Alejandra Vigo que plantea garantizar la paridad de género. La idea que más respaldos suma es ampliarla de cinco a siete, y el peronismo, que lidera José Mayans, se muestra confiado en conseguir un rápido dictamen. Es lo mismo que dicen cerca del grupo de gobernadores que quieren otra sesión ordinaria para volver a marcarle la agenda al Gobierno.
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