La Justicia de Salta dictó sentencia para un grupo de siete personas acusadas de integrar una banda delictiva dedicada al crimen organizado ligado al narcotráfico, en una audiencia que fue calificada como “histórica”. Entre los imputados se encontraba Cristian “El Gringo” Palavecino, señalado como líder de la banda y el capo narco más temido de la provincia, quien recibió una condena de 28 años de prisión por diferentes delitos.
La jueza de la Sala 1 del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Orán, Roxana Palomo, homologó el acuerdo alcanzado por las partes con confesión de los imputados y reconocimiento de su responsabilidad en los hechos imputados. En ese contexto, Palavecino fue hallado culpable de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, tentativa de homicidio doblemente calificada, asociación ilícita, robos armados en poblado y en banda, privación ilegítima de la libertad, amenazas, tenencia de armas y lesiones, entre otros”.
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“Todos estos hechos fueron acreditados en cinco causas acumuladas, y se enmarcan en el funcionamiento de una estructura delictiva organizada, con división de tareas y participación de menores”, revelaron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF), que en el caso estuvo representado por los fiscales Claudia Carreras, Soledad Filtrín y Daniel Espilocin.
Además del líder de la agrupación, fueron condenados su hijo Brian Gabriel Palavecino y otros cuatro hombres y una mujer mencionados como integrantes de la misma: Delfor Rogelio Sandoval, Javier Antonio Romero, Carlos Esteban Lami, María Haydée Torres y Julio Antonio Tolaba.
En sus causas, hubo penas que fueron desde prisión efectiva hasta condenas condicionales, pero las fuentes judiciales no dieron a trascender el detalle exacto de la cantidad y modo de cada uno.
El MPF celebró esta audiencia como “histórica para la lucha contra el crimen organizado en el norte de la provincia” y sostuvo que las condenas alcanzadas fueron resultado de “una investigación compleja, sostenida y coordinada por la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, que logró reunir pruebas contundentes” para arribar al juicio abreviado.
Este tipo de procedimiento legal simplificado permite resolver un caso penal de forma más rápida que un juicio oral y público tradicional, mediante el cual los acusados aceptan su culpabilidad a cambio de una pena reducida y la renuncia al debate oral.
De acuerdo a la información que surge de la investigación, los acusados cometieron un “abanico de hechos violentos” que afectaron tanto a víctimas individuales como a empresas de la zona norte salteña. Entre ellos, realizaron robos a mano armada, secuestros extorsivos, y perpetuaron “agresiones físicas con armas, amenazas y homicidios”.
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La capacidad de daño y la estructura con roles delimitados de los integrantes de la banda se pudo determinar después de que las autoridades accedieran al celular de Palavecino, donde encontraron abundante información. “Soldados” armados con fusiles, inhibidores de señal, chalecos, máscaras y dispositivos de comunicación eran algunos de los equipos que formaban parte de su logística.
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El “Gringo”, que en 2024 pasó a formar parte del listado de los presos más peligrosos del país, había sido trasladado desde el penal de Villa Las Rosas hasta el penal de Ezeiza. Allí se encuentran detenidos nombres “pesados” dentro del crimen organizado, como el capo narco rosarino Esteban Lindor Alvarado y el denominado “Rey de la Efedrina”, Mario Segovia.
Palavecino, considerado jefe de una banda de sicarios que responde a Raúl “El Coya” Rojas, sindicado como el líder de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes, estaba prófugo desde 2017 y fue capturado en octubre de 2023. En ese momento se lo imputó por privación ilegítima de la libertad agravada, amenazas y lesiones, calificación que se sumó a otras causas penales pendientes.
El fallo judicial identificó al menos nueve víctimas directas de la organización encabezada por Palavecino, entre las que estaban ataques a viviendas y comercios, como la empresa frutihortícola Abra del Sol. La compaía había sido asaltada en 2022 por un grupo que se llevó 160 mil dólares y 13 millones de pesos de sus instalaciones.
Además, los investigadores detectaron que el celular del imputado contenía 1.400 fotos y videos vinculadas a causas judiciales de Orán, lo que se interpretó como una minuciosa tarea de inteligencia. El año pasado, cuando se realizó el juicio por el homicidio del asesor político Darío Monges, en una de las audiencias se conocieron grabaciones tomadas por la organización del ahora condenado en las que se lo veía consultándole por personas con distintos cargos relevantes en la provincia.
FP