Las declaraciones de Peter Lamelas, el empresario nominado por Estados Unidos para la embajada en la Argentina, desataron una fuerte controversia política y generaron una rápida reacción de los bloques opositores en el Congreso. Sus dichos en el Senado norteamericano llevaron a que legisladores exijan al presidente Javier Milei que rechace su futuro plácet diplomático por considerarlos una injerencia en asuntos internos del país.
Las declaraciones del nominado generaron una fuerte reacción política al ser interpretadas por diversos sectores como una desviación de las convenciones diplomáticas y una posible afectación de principios de soberanía.
La controversia se origina en que la idea de que un embajador supervise las relaciones comerciales de las provincias fue vista como un desconocimiento del sistema federal. La asociación directa entre las inversiones de China y la “corrupción” se interpretó como una toma de posición en un conflicto geopolítico que excede el marco de la relación bilateral.
El comentario sobre la situación judicial de Cristina Kirchner fue cuestionado por entrar en conflicto con el principio de separación de poderes y la no injerencia en asuntos judiciales internos, una norma básica de la diplomacia.
Su explícito objetivo de “apoyar” a la gestión de Javier Milei para que obtenga un resultado favorable en futuras elecciones fue interpretado como una toma de partido en la política doméstica, contraviniendo el principio de neutralidad. El rol de “eliminar la corrupción” y “vigilar” a un movimiento político opositor fue percibido como una postura de tutelaje, impropia de una relación entre Estados soberanos.
Los diputados socialistas por Santa Fe, Esteban Paulón y Mónica Fein, presentaron un proyecto de resolución para que la Cámara manifieste su rechazo y le solicite formalmente al presidente Milei que no acepte la nominación.
El texto del proyecto insta a “expresar su más enérgico repudio a las declaraciones” de Lamelas por “constituir una injerencia inadmisible en materia de soberanía nacional“. El segundo artículo del proyecto pide “instar al Presidente de la Nación, Lic. Javier Gerardo Milei, a no aceptar el plácet correspondiente ni aprobar las cartas credenciales que se presenten oportunamente”.
El kirchnerismo impulsó una medida más severa y solicitó declarar a Lamelas “persona no grata”, al considerar que sus expresiones “desconocen el más elemental principio de soberanía popular” y demuestran una “intención indudable de inmiscuirse en procesos judiciales internos”.
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, fue uno de los primeros en reaccionar. “No es aceptable que un funcionario diplomático adopte una postura que bordea el intervencionismo y desconozca la soberanía de nuestra provincia. Señor Lamelas, quédese en su país a resolver sus problemas de corrupción”, expresó.
En la misma línea, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, criticó la postura del gobierno nacional. “Es inaceptable que un embajador extranjero pretenda entrometerse en cuestiones internas de un país del que no es más que un visitante temporal. Ni en La Rioja ni en ningún lugar del suelo argentino permitiremos que un extranjero decida por nuestro futuro”, sostuvo.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.