Defender a los 700s educadores separados de sus cargos, sin derecho a sueldo y oponerse a la ilegal disolución del SUNTRACS
El régimen represor, facho de Mulino y compañía, luego de suscrita la declaración (no acuerdo, no finiquito, no convenio) con los gremios de educadores que dirigieron la lucha contra la antinacional, misógina y empobrecedora Ley 462, ha arreciado la represión contra el movimiento obrero y sus organizaciones.
Por ejemplo: a pesar de haber pactado con los gremios de educadores el final de la huelga, al reintegrarse estos a los centros educativos donde laboran, fueron notificados de procesos disciplinarios que estaban pendientes de notificación; y que, como efecto de la declaración, de buena fe, debieron suspenderse.
No obstante, lo anterior, la Ministra de Educación, sin mayor reparo y en desconocimiento lo acordado, pone por delante de lo pactado, una supuesta legalidad, que no es tal, pues se trata de procesos amañado, en los cuales la falta administrativa (abandono del puesto) que se imputa, se contrapone con el ejercicio del derecho a huelga, reconocido a nivel constitucional y convencional; es decir, es un derecho humano sustantivo, a favor de cada docente y sus organizaciones gremiales.
Peor aún, la separación del cargo de los docentes de manera aberrante y absurda, desde el punto de vista legal, se basa en consideraciones subjetivas, que desconocen el principio de presunción de inocencia y violan las garantías constitucionales del debido proceso y de estricta legal, cuando se señala de forma genérica, que estos, al hacer uso de su derecho a huelga, incurrieron en escándalo social y maltrato a los menores; sin que conste prueba alguna, que respalde las afirmaciones, contenidas en las providencias del proceso que ordena, por un lado el inicio de las investigaciones administrativas disciplinarias y, por el otro lado, la separación del cargo de cada uno de los 700 educadores investigados.
Tan aberrante es la parte motiva del modelo de resolución en comento (machote único), que desde el preciso instante en que se reiniciaron las clases en los colegios donde los docentes estuvieron en huelga, por ejemplo, en el Instituto José Dolores Moscote, los estudiantes salieron en masa a protestar, por las separaciones y sustituciones de sus profesores, objeto de investigación; lo que deja en entredicho la afirmación de escándalo social y maltrato a menores. De modo, que de forma absolutamente abusiva se sustentan las separaciones del cargo sin derecho a salario.
Ante las protestas estudiantiles, la Ministra de Educación ya salió a señalar, que son impulsadas por los propios educadores, como si de robots se trataran los estudiantes en lucha, en solidaridad con sus profesores.
Pero, la represión del gobierno dictatorial de Mulino, pro-empresarial y pro-yanki, va más allá, porqué no solo ha negado, de forma expedita, los recursos ordinarios que en contra de estos procesos se han presentado en sede administrativa; sino que, además, impiden a través de los directores de escuelas adeptos a la Ministra de Educación, en conjunto con la Policía del régimen, la entrada a los colegios de los abogados que representan a los educadores para darle seguimiento a los trámites y, más aún, se impide la entrada a los propios educadores investigados.
En ese mismo escenario, y como consecuencia directa de la forma en la que terminó el proceso de lucha contra la Ley 462, la mina, los embalses de Río Indio y los Memorandos de entendimiento con los gringos, que comprometen la soberanía nacional, la Ministra de Trabajo del régimen, ha anunciado con bombos y platillos, como si se tratara de un aumento general de salarios al 100% para el sector público y privado, la presentación de demanda ante los tribunales secciónales de trabajo, para disolver la histórica y poderosa organización, luchadora por los derechos del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Nos referimos al más grande sindicato del país, es decir, al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción (Suntracs).
Lo anterior, es un ataque tremendo y directo al movimiento obrero y popular panameño y a sus organizaciones sociales, que si lleva a cabo Mulino, sería sumamente grave. Es congruente con la verborrea que expresa Mulino cada jueves en cadena nacional, donde de forma despectiva se refiere, a través de una ignorancia supina, a los comunistas, como si de un ente homogéneo se tratara; afirmaciones que, el movimiento obrero y popular, erróneamente se niega a aceptar y a enfrentar de conjunto, y no por separado.
Dicho ataque, abre una nueva etapa en la lucha social y política, que solo podemos enfrentar, si nos reagrupamos de manera urgente, para hacer el balance científico, sin apasionamiento, de lo sucedido y plantear un nuevo plan de lucha, unitario, que incluya las consignas anteriores y las nuevas: relacionadas con los 700 educadores investigados, la disolución del Suntracs, la defensa legal de los procesados penalmente, de los detenidos y el reintegro al país y a la vida pública, con las garantías necesarias, de los auto-exiliados; además de una comisión de la verdad o como quiera que se titule, que sea capaz de documentar y en listar los casos de los heridos, lisiados y muertos por la represión del régimen; que plantee, además, las acciones progresivas de lucha, las consignas para cada etapa y las acciones legales necesarias, para encarar al régimen represor, tanto a lo interno como a lo externo del país, ante las instancias correspondientes y la solidaridad internacional.
La lucha sigue sigue, como dice la consigna. La aplicación del plan de ajuste por parte del gobierno pro-empresarial y pro-yankie de Mulino, dependerá de la disposición de lucha y del reagrupamiento de los luchadores sociales, anti-imperialistas, la izquierda anticapitalista y el pueblo en términos generales. De lo contrario como dijo una pensadora social: estaremos a la puerta de la barbarie.
Por Carlos Ernesto Guevara Villar. Abogado