El gobierno nacional anunció la privatización de la empresa pública AySA, encargada del suministro de agua potable y servicios de saneamiento en CABA y el Conurbano. Este proceso contempla la transferencia del 90% de las acciones a capitales privados, mediante una licitación pública nacional e internacional, y una oferta pública inicial, según indicó el vocero presidencial Manuel Adorni.
Argumentan que esta decisión busca resolver los problemas de infraestructura y la carga financiera que representa la empresa para el Estado. Sin embargo, esta medida de ninguna manera podrá garantizar un buen servicio a la comunidad.
Adorni justificó la privatización señalando que, desde su estatización en 2006, AySA requirió aportes económicos significativos por parte del Estado y que mostró un deterioro en su infraestructura, además de un aumento en la plantilla de empleados y la morosidad de los usuarios.
Aun así, informes de la propia gerencia de AySA contradicen estas afirmaciones, destacando que en 2024 la empresa alcanzó superávit gracias a un aumento en las tarifas, lo que el gobierno utiliza como argumento para atraer inversores al presentar la empresa como una inversión rentable.
Cabe recordar que AySA fue creada en 2006, tras la rescisión del contrato con la empresa privada Aguas Argentinas, que gestionó estos servicios desde 1993 y acumuló denuncias por incumplimiento de estándares de calidad y falta de inversión. Durante su gestión estatal, la empresa logró ampliar considerablemente el acceso a agua potable y desagües cloacales, beneficiando a millones de personas.
El argumento oficial evoca los discursos de las privatizaciones de los años 90, prometiendo modernización y eficiencia en el servicio, aunque los antecedentes de privatización en el país contradicen tales expectativas.
Esta decisión no es más que una maniobra más en el saqueo del patrimonio público. Las privatizaciones, lejos de beneficiar a la población, enriquecen a grandes empresarios y capitales extranjeros, mientras que la mayoría enfrenta tarifas más altas y peores servicios.
La historia de Aguas Argentinas es un ejemplo claro de cómo la gestión privada prioriza las ganancias por encima del bienestar social. La solución no está en entregar AySA al mercado, una empresa fundamental que maneja un recurso esencial como el agua potable para el bienestar de la comunidad, sino en profundizar su carácter público bajo el control y la gestión de sus trabajadores y usuarios. Solo así se puede garantizar un servicio eficiente y accesible para todos, priorizando las necesidades sociales sobre los intereses de los intereses privados.