Un fallo judicial dejó sin efecto este jueves el decreto del presidente Javier Milei que ordenaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. La resolución provino del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, que aceptó una medida cautelar impulsada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina).
Firmado por la jueza federal Martina Isabel Forns, el fallo representa un nuevo revés judicial para el Gobierno. El fallo respalda la medida cautelar de no innovar y ordena al Poder Ejecutivo que se abstenga de aplicar cualquier disposición vinculada al Decreto 461/2025.
Esto incluye reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al organismo, por un plazo de seis meses.
Fundamentos de la decisión judicial
La jueza consideró que “se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad previstos en las normas procesales para la procedencia de la medida de no innovar peticionada”, sostuvo la jueza.
Entre los argumentos de la resolución, se contemplan las condiciones laborales del personal de Vialidad, el principio de irrenunciabilidad de derechos y el respeto a normas de jerarquía constitucional.
“La Constitución Nacional, como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con jerarquía constitucional, impiden al Estado en su rol concurrente de empleador y regulador alterar de manera unilateral condiciones de trabajo que han sido establecidas por norma colectiva con plena vigencia”, agregó Forns.
Además, la magistrada cuestionó el artículo 32 del decreto, donde se establece que la estabilidad del personal tiene “una fecha de vencimiento”. Sobre ese punto, afirmó: “Se vulneran las normas y garantías laborales vigentes”.
Críticas al rol del Ministerio de Desregulación
La jueza también advirtió sobre la intervención del Ministerio de Desregulación en los movimientos del personal. “Conlleva la subordinación de las decisiones a la exclusiva discrecionalidad” de esa cartera, apuntó.
“Dicha disposición vulnera de forma manifiesta el principio de estabilidad, así como los derechos laborales y sindicales reconocidos a los trabajadores estatales”, indicó Forns. Y remarcó la necesidad de proteger “la libertad sindical, la negociación colectiva y la protección del empleo público frente a injerencias indebidas por parte del Estado empleador”.
Posibles perjuicios a trabajadores
En el fallo se alude a los empleados del organismo como un grupo “socialmente vulnerable“. En esa línea, se hizo lugar al planteo por la “posible vulneración de derechos de naturaleza alimentaria” ante la amenaza de “eventuales despidos masivos o modificaciones unilaterales en las condiciones laborales”.
“Esta etapa preliminar del proceso, donde se verifican circunstancias graves y objetivas, permite justificar el dictado de una medida cautelar de no innovar, a fin de evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, resolvió la magistrada.
Sin embargo, la jueza no se expidió sobre la nulidad e inconstitucionalidad del decreto. Consideró que eso requerirá un análisis “más complejo y profundo”.
El sindicato celebra la medida
Desde el gremio que impulsó la cautelar, celebraron el fallo. “Esta decisión representa un respaldo legal a nuestra lucha en defensa de la legalidad, la estabilidad laboral y la continuidad institucional de la Dirección Nacional de Vialidad. Seguiremos trabajando incansablemente para garantizar que no se vulneren los derechos de nuestras compañeras y compañeros”, expresaron desde Sevina.
Antecedentes: cómo se anunció el cierre de Vialidad
El Gobierno anunció a principios de julio, con gran difusión, la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de informar que se daría de baja a tres organismos: la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad.
Según se explicó, sus funciones pasarían al Ministerio de Economía. La medida quedó oficializada con la publicación del Decreto 461/2025 en el Boletín Oficial, lo que ahora fue parcialmente suspendido por decisión judicial.