El próximo 27 de junio, fecha en la que tradicionalmente se celebra el Día del Empleado Público en Argentina, no será como los años anteriores. Una decisión del Gobierno nacional ha modificado el panorama para miles de trabajadores estatales que esperaban disfrutar de un fin de semana largo.
Según el Gobierno, esta vez, deberán asistir a sus puestos de trabajo con normalidad, ya que el Ejecutivo ha eliminado el asueto que solía otorgarse en esta jornada conmemorativa. La medida fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.
Allí explicó que el Gobierno decidió derogar el decreto que establecía el 27 de junio como día no laborable para los empleados públicos, en el marco de una nueva concepción del rol del Estado. Según Adorni, “el Estado no es un lugar donde deban tomarse un sabático o privilegio que el trabajador del sector privado carece”.
Esta decisión ha generado un fuerte impacto en el ámbito estatal. Desde la sanción de la Ley 26.876 en 2013, el Día del Empleado Público se había convertido en una jornada de descanso para los trabajadores de la administración pública nacional.
Aunque no figuraba como feriado en el calendario oficial, en la práctica muchas dependencias cerraban sus puertas, afectando la prestación de servicios en organismos como el Banco Central, el Correo Argentino, el INDEC, ministerios, registros automotores y fuerzas de seguridad, entre otros.
Este año, al coincidir con un viernes, la expectativa de un fin de semana largo era alta entre los empleados públicos. Sin embargo, la eliminación del asueto frustró esos planes. El Gobierno justificó la medida como parte de una política de austeridad y eficiencia, argumentando que “ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes del país”.
Gremios
La reacción de los gremios no se hizo esperar. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) expresó su rechazo a la medida, calificándola como un “acto despótico” y cuestionando su legalidad. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “el Gobierno pretende eliminar por decreto un día histórico, sancionado por ley”, y advirtió que “sólo el Congreso puede derogar una ley que él mismo sancionó”.
Desde el oficialismo, en cambio, se insiste en que la medida responde a una visión del Estado como herramienta para facilitar la libertad de los ciudadanos, y no como un espacio de privilegios. “La Argentina que rendía culto al estatismo y al sector público en detrimento del privado es cosa del pasado”, afirmó Adorni.
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