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El cantante comunista Manu Chao lanzó una campaña contra la minería en la Argentina

El cantante francés Manu Chao, conocido por su activismo izquierdista y ambiental, expresó un hipócrita rechazo por la posible modificación de la Ley de Protección de Glaciares en Argentina, sancionada en 2010 bajo el número 26.639.

A través de sus redes sociales, tanto en X como en Instagram, el músico financiado por la embajada británica criticó duramente al presidente argentinoJavier Milei, a quien acusó de ”estar al servicio de las multinacionales” y de llevar adelante un ”gobierno que promueve el extractivismo sin tener en cuenta las consecuencias ambientales ni el rechazo social”.

Sin embargo, el músico popular entre los antros de izquierda trotskista alrededor de Latinoamérica, ignora la amplia necesidad de productos relacionados con la minería que su industria requiere para funcionar. 

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Chao denunció que el gobierno libertario de Milei, al que calificó como ”el gobierno de la motosierra”, está impulsando reformas que ”amenazan seriamente” los glaciares y las áreas periglaciares, reservas fundamentales de agua dulce para el país.

En ese contexto, alertó sobre la implementación del eficiente Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (R.I.G.I), que permitiría mayor flujo de capital proveniente empresas extranjeras, especialmente del sector minero, lo cual representaría un gran beneficio para las economías regionales del país. 

Manu Chao se manifestó junto a la organización ambiental de extrema izquierda trotskista ”No a la Mina”, con quienes compartió el mensaje: ”Los glaciares son los ríos del futuro. Los glaciares no se tocan. Glaciares para la vida, no a la megaminería”. 

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Desde la organización también buscaron instalar la trama de un impacto devastador de la megaminería en el uso del agua. ”Una sola minera consume en una hora la cantidad de agua que una familia consume en años”, señalaron.

Además, denunciaron la supuesta falta de transparencia y control en el manejo de los recursos hídricos, alegando que los mismos organismos estatales que deberían fiscalizar son, en muchos casos, defensores de la actividad minera.

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