El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a generar polémica al ofrecer asilo a figuras políticas ecuatorianas presuntamente perseguidas. La medida, basada en una supuesta ‘lista negra’ sin verificación oficial, fue vista como una clara injerencia en los asuntos internos de Ecuador.
Petro justificó su decisión tras el incidente del 14 de abril, cuando al excandidato a la vicepresidencia Diego Borja se le impidió cruzar hacia Colombia. El mandatario colombiano, de tendencia socialista, aprovechó el caso para reforzar su discurso de persecución política sin aportar pruebas concretas.
La supuesta ‘lista negra’ fue publicada inicialmente por el expresidente Rafael Correa, hoy exiliado en Bélgica, y replicada en redes sociales. Petro no solo respaldó esta versión sin contrastar, sino que además utilizó su plataforma para amplificar un relato promovido por sectores correístas.
Entre los nombres figuran personajes como Luisa González, Alexis Mera y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, entre otros. El Ministerio del Interior de Ecuador no ha confirmado la existencia de dicho listado, lo que pone en duda la narrativa de persecución que Petro intenta sostener.
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En el caso puntual de Borja, las autoridades ecuatorianas indicaron que fue requerido para identificarse y que se retiró voluntariamente del lugar. La versión oficial desmonta la afirmación de que se trató de una detención arbitraria, evidenciando que el relato ha sido distorsionado con fines políticos.
Petro también mencionó informes “preocupantes” sobre las elecciones presidenciales del 13 de abril, pero no especificó fuentes ni evidencias. Estas declaraciones, sin sustento verificable, refuerzan la percepción de que el mandatario colombiano busca generar inestabilidad en un país vecino mediante discursos ideológicos.
Organizaciones de derechos humanos han pedido investigar los hechos, pero evitan emitir juicios sin evidencia clara. En contraste, Petro se adelantó con una política de ‘puertas abiertas’ que refleja más una afinidad ideológica que un compromiso real con los derechos humanos.
Hasta el momento, el Gobierno colombiano no ha explicado cómo se procesarán las solicitudes de asilo ni bajo qué criterios. Esto sugiere una movida política calculada, que busca fortalecer redes de respaldo al socialismo regional, incluso a costa de las relaciones bilaterales.
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La actitud de Petro ha sido criticada por analistas que señalan que un jefe de Estado no debe intervenir en procesos internos de otra nación. Su posición, lejos de promover estabilidad, podría agravar la polarización y debilitar la cooperación fronteriza con Ecuador.
La intervención de Gustavo Petro en la política ecuatoriana refleja una postura ideologizada y oportunista. Su afán por respaldar al socialismo regional, incluso mediante narrativas sin evidencia, revela intenciones más políticas que solidarias.