En un fallo que es histórico y de implicancia internacional, la Cámara Federal porteña ordenó este lunes la «inmendiata detención con fines de indagatoria «por graves violaciones a los derechos humanos» del dictador Nicolás Maduro y del otro hombre fuerte del chavismo, Diosdado Cabello. Se los encontró responsables de organizar un plan sistemático para detener, secuestrar y torturar a ciudadanos en ese país. Y se solicitó también que se notifique la decisión a Interpol para que se pida su captura internacional a través del sistema de alertas rojas.
El fallo alcanza además a más de treinta jerarcas y militares venezolanos, entre ellos miembros de las Fuerzas Armadas, las de Seguridad, de la Guardia Nacional Bolivariana y agentes de inteligencia al servicio del régimen.
Así lo decidieron por unanimidad los jueces de la Sala 1 de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, una semana después del pedido que le hicieron los fiscales José Agüero Iturbe y Carlos Stornelli acompañando el reclamo de una serie de víctimas.
Los jueces, hacen historia a nivel internacional por el alcance que puede tener su resolución a la hora en que Maduro y Cabello viajen por el mundo. Estos comprobaron según su resolución que existe en Venezuela un plan sistematico de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil, desarrollado -cuanto menos- desde el año 2014 hasta el presente.
Los jueces actuaron sobre una denuncia presentada sobre la base del principio de jurisdicción universal. Este permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos más allá de donde sean cometidos, de la nacionalidad del autor y de la víctima.
Los abogados de las mismas pedirán la presentación de las órdenes de captura ante Interpol para que esta decida si interpone un pedido de alertas rojas para que, cuando viajen por el mundo exista el marco legal policial para que sean detenidos y extraditados.
“Las órdenes de captura, con fines de extradición, servirán para que todas aquellas naciones que por motivos ideológicos o económicos aún mantienen posiciones ambivalentes sobre lo que pasa en Venezuela, ya no puedan desentenderse de los graves crímenes de lesa humanidad que el gobierno que encabeza Nicolás Maduro Moros perpetra de manera sistemática para generar terror en la población civil y de esa forma perpetuarse en el poder.”, dijo a este diario el abogado Tomás Farini Duggan.
Es uno de los impulsores junto al hoy ministro de seguridad porteña, Waldo Wolff, de esta segunda etapa de denuncias en la Argentina contra Maduro y los jerarcas chavistas que permitió activar la investigación sobre la que fallaron este lunes los jueces. Ahora esperan presentarla junto a otra que se hizo desde Argentina y otros países ante la Corte Penal Internacional.
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, acusados por la Justicia argentina de crímenes de lesa humanidad. Foto: EFEDe hecho, Farini Duggan afirmó que esta carpeta será presentada ante la Corte Penal Internacional con el objeto de que en el proceso que se sigue allí también se disponga la captura de los imputados.
Con respecto a los pedidos a Interpol, Farini Duggan dijo que era de esperar que Venezuela se oponga a las anotaciones sobre la base de la Convención de Viena y las inmunidades que de allí resultan para mandatarios extranjeros, pero existen antecedentes donde interpol anotó las alertas a pesar de que los imputados integraban gobiernos, como en el caso de la causa AMIA respecto de los iraníes imputados, quienes se encontraban en importantes cargos del Gobierno Persa. Sostiene que en este caso no se podría desconocer que Nicolás Maduro usurpa el poder, pues habiendo perdido las elecciones se ha negado a reconocerlo conformando así una dictadura cívico militar.
La Cámara Federal porteña había ordenado el 6 de abril pasado reabrir la investigación contra el gobierno de Maduro y ya entonces, tanto Llorens como Bruglia y Bertuzzi consideraron que era imprescindible contrapesar el accionar delictivo ejecutado por las autoridades estatales del gobierno venezolano”.
Una vista general del Helicoide el centro de detención y tortura del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Foto AFPLe pidió a Stornelli que investigara “con celeridad”. Por su parte Llorens planteó que debían tomarse “medidas cautelares urgentes” y que, por lo tanto, había que ordenar la “captura inmediata” de los acusados.
En esa orden del 6 de abril la Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires, indicó: “corresponde asumir la jurisdicción universal y la competencia extraterritorial de los órganos judiciales de la República Argentina para su debido juzgamiento”.
Y a partir de ahí se ordenaron las audiencias con las víctimas venezolanas, representantes del FADD mientras que la Fiscalía terminó solicitando recientemente los arrestos.
Los testimonios de mayor impacto fueron los de seis venezolanos, uno de los cuales fue fiscal en su país.
Días atrás, cuando en la audiencia por la que la Fiscalía pidió la captura de la cúpula del régimen se hicieron presentes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en nombre del Gobierno Nacional, Wolff, y figuras del PRO que siempre impulsaron la causa como el diputado Fernando Iglesias y Jimena de la Torre, miembro del Consejo de la Magistratura.
“Es un logro de las víctimas, que con mucho coraje han dado sus testimonios y persisten en la búsqueda de esa justicia que ha sido denegada en Venezuela, para que de una vez por todas los perpetradores paguen por los crímenes cometidos,», dijo a este diario la secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), Elisa Trotta, para quien, la decisión de la Justicia argentina también envía un fuerte mensaje a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. «Ya es la hora de actuar y tomar las medidas que corresponden para poner fin a la impunidad por los crímenes de lesa humanidad en Venezuela,» agregó.
Breve historia de una larga causa
En enero de 2023, cuando el gobierno de Alberto Fernández se aprestaba a recibir a los líderes de las tres dictaduras regionales para la cumbre presidencial de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y Caribe (Celac), el ahora llamado Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) -que integran políticos, diplomáticos, periodistas, académicos y defensores de derechos humanos argentinos- presentó ante la justicia argentina una denuncia penal contra el régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Entonces considerando los aportes del Foro Democracia Regional, promovió ante la Justicia la denuncia de las víctimas de graves abusos, para evaluar la responsabilidad penal no sólo de Nicolás Maduro Moro, sino también de José Daniel Ortega Saavedra, y de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez “por presuntos crímenes internacionales en exclusivo caso que están sujetos a la jurisdicción universal, a la luz de las obligaciones de Argentina conforme al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.
En junio de ese año, apareció la Fundación Clooney para la Justicia presentando otra denuncia ante la Justicia federal de Argentina. La ONG del reconocido actor estadounidense pidió se investigaran las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela. Y entonces presentó dos casos particulares de violencia indiscriminada y homicidio.
La fiscalía de Stornelli tomó las denuncias y para febrero de este año FADD presentó una ampliación de la denuncia original que incluía, entre otros otros la detención de Rocío San Miguel, periodista y defensora de derechos humanos, detenida por agentes del SEBIN (el Servicio Bolivariano de Inteligencia) en febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Caracas cuando estaba por salir de viaje con su hija. Desde entonces encerrada, bajo desaparición forzada en el centro de torturas El Helicoide.
En 2018, el gobierno de Mauricio Macri había presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad de Maduro apelando a los mismos principios de justicia universal. Por lo que en su momento, el fiscal Gerardo Pollicita decidió que no correspondía avanzar en denuncias existiendo esa otra y el juez Sebastián Ramos archivó las actuaciones, y ordenó remitir el expediente a la Corte Penal Internacional.
Por eso otro grupo de víctimas apeló a la decisión sosteniendo que “ese criterio no puede ser compartido porque no se ha determinado que los casos llevados a conocimiento de la CPI sean los mismos que fueron denunciados en este proceso, para su investigación”.
Consideraban además que la decisión de Pollicita estuvo “superada por la ampliación del requerimiento de instrucción presentado por el fiscal Carlos Stornelli el 21 de febrero” .
Activistas venezolanas piden por la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, detenida en el HelicoideUna curiosidad de los mismos jueces que ordenaron ahora la captura internacional de Nicolás Maduro y otros jerarcas chavistas es que en 2021 ordenó que el fuero federal porteño debía investigar la presunta comisión de crímenes contra la humanidad en la nación de Myanmar cometidos entre 2012 y 2017 en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de la comunidad Rohingya. Ello también en función del principio de jurisdicción universal para ese tipo de delitos previsto en la Constitución Nacional argentina y en los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que es parte nuestro país.
Duros testimonios como prueba
Hay numerosos testimonios incorporados al expedientes pero hasta ahora, los denunciantes hicieron trascender sólo los que fueron autorizados a ser públicos por sus víctimas. Y además están sin nombre y apellido, en una causa dividida en legajos.
En el llamado Legajo 2 se cuenta con las siguientes declaraciones:
La testimonial de V.N.L. por desaparición forzada con intervención del SEBIN y las torturas a las que fue sometido mientras duró su detención en el Helicoide, donde fue sometido a torturas y presenció el suicidio de un detenido tras los tormentos recibidos. Hoy está refugiado en el paísEn su testimonio, el caso de R.L.P. da cuenta de su detención, las amenazas de muerte en su contra y los disparos en su cabeza y espalda se encuentran documentados como ciertos. Y.A.P haber estado arbitrariamente detenido en el año 2017.En su momento el ahora ex Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina aportó información sobre 29 casos de crímenes de Lesa Humanidad perpetrados por el Gobierno de Venezuela.
Y ellos se presentaron 7 nuevas víctimas que aún esperan declarar. Entre ellos el caso de C.J.O.R. quien, a quien como represalia por no lograr su captura, el régimen encarceló y torturó a su madre y a dos de sus hermanos. También el caso de M.J.S.C: sus 2 hijos y su nuera fueron detenidos y torturados durante 42 días y luego acusados de homicidio en grado de tentativa contra Maduro. Lo acusaron de terrorismo y traición a la patria como participantes en la Operación Brazalete Blanco.
En el llamado Legajo 3, la querella amplió la denuncia a la desaparición forzada de Rocío San Miguel y su hija en el aeropuerto internacional Maiquetía. Intentaban abandonar Venezuela, después secuestraron a sus hermanos y a su ex pareja.
La desaparición forzada denunciada fue acreditada a través de la declaración testimonial de Valentina Ballesta (integrante de Amnistía Internacional). Declaró que San Miguel y su ex pareja continúan detenidos y les fue impuesta una defensa pública, impidiendo que designen defensor de su confianza.
Se encuentra radicada la denuncia presentada por la desaparición forzada de Carlos Jesús Sánchez Vásquez y Karen Gómez Gutiérrez.
Y la denuncia presentada y ratificada en declaración testimonial por J. A. S. V. afirma que miembros de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) orquestaron la desaparición forzada del matrimonio constituido por Carlos y Karen.
De gran valor es la declaración testimonial ex Fiscal con competencia para investigar crímenes cometidos durante las protestas públicas. El mismo fue secuestrado y torturado por intentar investigar los crímenes de lesa humanidad perpetrados por funcionarios de las agencias de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro.
D.D.