El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aclaró este martes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que, con la Constitución, la ley orgánica del poder judicial y el Reglamento del Congreso, las comisiones parlamentarias quedan plenamente reguladas y «de ese marco legal se deriva que las comisiones no pueden ni revisar resoluciones judiciales ni vincular a los tribunales«.
Bolaños consideró que el debate suscitado en torno al ‘lawfare’ (persecución judicial sin fundamento contra el opositor político), incluido en el acuerdo de investidura firmado entre el PSOE y Junts «se resuelve con muchas claridad», pese a los recelos suscitados en el mundo judicial ante la posibilidad de ser llamados a declarar en las comisiones parlamentarias ya constituidas: la de la ‘Operación Cataluña’, la de los atentados del 17-A y la del presunto espionaje de Pegasus.
Por si quedaba alguna duda a continuación añadió que los jueces «no tienen obligación de asistir» al Congreso, si son llamados, porque no tendría ninguna utilidad su comparecencia, ya que «su conocimiento del asunto» por el que lo serían es precisamente «por ser los jueces» de ese asunto, lo que les impide declarar al respecto, puntualizó.
El responsable de la cartera de Justicia se remitio al artículo 76 de la Constitución y al artículo 399 de la ley orgánica del poder judicial, que establece que «las autoridades civiles y militares se abstendrán de intimar (en el sentido de requerir, exigir el cumplimiento de algo, especialmente con autoridad o fuerza para obligar a hacerlo) a los jueces y magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia«.
Modernización de la justicia
El ministro, que en sus últimas comparecencias públicas siempre ha asegurado que defenderá la independencia judicial y la autonomía fiscal, compareció en el Consejo de Ministros para informar del real decreto que modernizará la Justicia, la función pública y el mecenazgo, para lo que se destinarán 10.000 millones de euros que dijo esperar recibir de la Comisión Europea.
La norma, explicó, es que el acceso a la justicia sea tecnológico, con vistas penales de forma telemática, pese a la dificultad que ello plantea para cumplir con el principio de inmediatez. Así se dará cumplimiento a las leyes de eficiencia digital y procesal, muy avanzadas en la pasada legislatura. En este senteido destacó que la así se adaptará «la justicia al mundo digital de una vez por todas».
Se garantízará que el «derecho de los ciudadanos aque se acerquen a la justicia por medios electrónicos a partir de mañana será la norma y no la excepción», lo que permitirá crear una carpeta de justicia y que cualquier persona podrá consultar todos los expedientes que tiene pendientes a través del expediente judicial electrónico